Prensa Comunitaria

San Juan, PR – El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), el Mons. Eusebio Ramos Morales, Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica y el Rvdo. Edward Rivera Santiago, Pastor General de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico (IEUPR) presentaron, respectivamente, varias peticiones para ser considerados como “amigos de la corte” por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

En estas, recomiendan y solicitan a su vez la restitución de una moratoria emitida por el Tribunal Apelativo (TA) prohibiendo la otorgación de permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), la cual había sido revocada preliminarmente por el alto foro judicial a petición de la administración del Gobernador Luis Fortuño

“Nos sentimos sumamente honrados por el interés y la posición expresada por el CAAPPR y la SPP, por ser estas dos de las organizaciones profesionales con mayor peritaje en asuntos sobre la planificación de los usos del terreno en la Isla, así como por el respaldo del Mons. Ramos y el Rvdo. Rivera, ya que la conservación y desarrollo sostenible del Corredor significa en primera instancia un asunto moral y de justicia social,” expresó Angie Colón, Presidenta de la Coalición Pro CEN , y residente de Luquillo.

El CAAP y la SPP señalaron en sus escritos, entre otros asuntos, que la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debieron haber preparado una declaración de impacto ambiental con el fin de evaluar los posibles impactos ambientales que el nuevo plan de usos de terrenos pudiera ocasionar sobre el Corredor y áreas adyacentes en la falda de El Yunque.  Sobre todo, cuando ambas agencias han reconocido por décadas que dicha zona alberga recursos naturales de extraordinario valor ecológico cuya condición ha estado amenazada por el desparrame urbano. 

En cambio, ninguna de las agencias cumplió con este requisito de ley, proponiendo en vez la exclusión de más de 450 cuerdas en el Corredor protegidas originalmente como reserva natural, y que ahora podrían ser urbanizadas junto a otros terrenos en la falda de El Yunque.  El nuevo plan de usos de terrenos fue aprobado eventualmente, aún con las objeciones de más de 200 entidades e individuos, entre los que se destacan el Servicio Forestal Federal, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, y el Fideicomiso de Conservación.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, conocida también como la Diócesis del Yunque, y el Pastor General de la IEUPR, expresaron su preocupación por el efecto que la derogación de la moratoria pudiera tener sobre la confianza en el sistema judicial del país y su efectividad en resolver de forma justa cualquier controversia o conflicto planteado por la ciudadanía. Esto, debido que al derogar la moratoria y el gobierno otorgar permisos de construcción, se convertiría en académico el recurso de revisión radicado en el Tribunal Apelativo por las organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición y en el que impugnan la aprobación del nuevo plan, dejando sin remedio o amparo judicial a los demandantes.

El Mons. Ramos señaló en su escrito que “el desarrollo de estructuras con fines lucrativos, como lo que se pretende realizar en el CEN, no puede arriesgar la Naturaleza y sus recursos, que son limitados, respondiendo a objetivos inmediatos y eludiendo el compromiso social y moral que a todos nos incumbe.” 

Mientras, el Rvdo. Rivera concluyó su posición exhortando a los jueces del Tribunal Supremo “a actuar y promover en todas sus decisiones, un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo el sistema de trabajo, y, al mismo tiempo, que tenga sentido de solidaridad para con las generaciones futuras.  Éstas tienen derecho a una sociedad equitativa, justa y participativa y que posea un medio ambiente saludable.”

La organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición tienen hasta mañana martes para someter su solicitud de reconsideración al Tribunal Supremo para que restituya la moratoria de permisos de construcción en el CEN.