Prensa Comunitaria

ADJUNTAS – La ambivalencia de Luis Fortuño tiene definición: encubrimiento de otro engaño. Así lo expresó Arturo Massol Deyá, portavoz de la organización comunitaria Casa Pueblo de Adjuntas, luego de evaluar el contenido de un correo electrónico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) que afirma que el Gobierno de Puerto Rico, a la fecha del viernes 17 de febrero, sigue solicitándole que continúe con la evaluación del permiso de construcción del gasoducto.

Esta movida de la administración Fortuño contrasta con el lenguaje que invocó ante la opinión pública por las pasadas semanas en las que el Gobernador expresara claramente sus reservas y dudas sobre el proyecto de tubería de gas natural que recorrería 100 millas desde el sur hasta las unidades generatrices del norte.

Del documento suplido por Casa Pueblo, se desprende que, al mejor entender de Bob Barron, gerente de proyecto en la División Reguladora del USACE, los proponentes de “Vía Verde” insisten en completar el proceso de permisos para la construcción de un gasoducto que, según informes periciales, colocaría en riesgo de perder la vida o propiedad a más de 200,000 personas en la Isla.

Massol Deyá, en poder de la comunicación escrita, denunció que “mientras por un lado el gobierno reconoce la inviabilidad del gasoducto y busca nuevas alternativas para el uso de gas natural, por otro lado mantiene su obsesión de alcanzar un permiso federal para el gasoducto. Este permiso representa para esta administración y sus empresarios, un cheque en blanco de al menos $800 millones que podría desembolsar previo a una posible derrota electoral, obligando a una futura administración a cargar con la deuda o la autorización para comenzar la construcción del gasoducto en enero de 2013 tras los comicios de noviembre”. 

MARCHA NACIONAL: PUERTO RICO FIRME CONTRA EL GASODUCTO

Casa Pueblo se mantiene vigilante ante el proceso de permisos de construcción. A estos efectos convocó, junto a una docena de organizaciones ciudadanas, a la Marcha Nacional: Puerto Rico Firme Contra el Gasoducto, a celebrarse este domingo 19 de febrero desde las 10:00 de la mañana frente al Capitolio, y que saldrá rumbo a Fortaleza.

Casa Pueblo argumentó que el mismo viernes en que se originara la comunicación de Barron que confirma la intención del Gobierno de obtener el permiso, el Gobernador anunció la creación del Comité Intersectorial de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas para desarrollar propuestas que permitan a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a otras corporaciones, cumplir con la nueva reglamentación ambiental de emisiones al aire. (http://www.elnuevodia.com/creancomiteintersectorialparaexplorarenergiasalternativas-1193451.html). 

Para Massol Deyá, la creación del Comité Intersectorial es prueba de que el gasoducto propuesto no cumple con la nueva regulación ambiental y que, en caso de construirse, se estaría erigiendo “una obra obsoleta, ineficiente, costosa y ambientalmente destructiva”.

“Esta confesión del gobierno desmiente, una vez más, que el gasoducto sea una alternativa viable para reducir las emisiones y bajar la dependencia del petróleo. Entonces, ¿por qué insistir con el gasoducto?”, cuestionó Massol Deyá. 

“Ante el doble discurso, contratos, derroche de millones de dólares, pérdida de tiempo en la vía incorrecta y las expropiaciones abusivas de familias puertorriqueñas por parte del gobernador Luis Fortuño, proponente del gasoducto, el pueblo de Puerto Rico le responderá contundentemente, clara y diáfanamente el domingo próximo cuando ocupemos las calles del Viejo San Juan para llegar a La Fortaleza”, advirtió el portavoz de Casa Pueblo de Adjuntas, organización líder en la oposición a la propuesta del gasoducto.

Según expresado por el Gobernador y el ingeniero José Ortiz, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la actual administración se encuentra evaluando la alternativa de implementar un sistema de barcazas que podrían sustituir la construcción del gasoducto. Sin embargo, más allá de hacer oficial la cancelación del mismo, privadamente y “por lo bajito”, en palabras de Massol Deyá, el Gobierno continúa impulsando la tubería que tendría un costo para los abonados de la AEE de $800 millones, según cifras oficiales.

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