Prensa Comunitaria

Cuando los ojos del país están cerrados, algunos agentes autoritarios se aprovechan para hacer uso indebido de su poder. Agraciadamente, siempre hay alguien mirando, aunque sea de reojo desde la distancia.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se ha mantenido alerta por años y recientemente, ha logrado recopilar información detallada sobre el comportamiento abusivo de agentes policíacos, en particular, hacia las comunidades de bajos ingresos y a los ciudadanos en general, que se reúnen para hacer uso de su derecho a la libertad de asamblea y expresión.

El día anterior a la visita del Presidente Barack Obama y con el propósito de captar la atención sobre este asunto, la ACLU hizo entrega de una carta enviada al Presidente en la cual le solicitan que se reúna de inmediato con el Gobernador Luis G. Fortuño para atender los más de 100 casos de abuso policíaco o supresión de los derechos civiles garantizados bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

"La gravedad y la dimensión del abuso policíaco está a un nivel que no sería tolerado en los 50 estados. Le escribo para exhortarle a que levante esta discusión con las autoridades de Puerto Rico y para que sepa que creemos que el Gobierno de Puerto Rico intenta frustrar la investigación del Departamento de Justicia", expuso el Director Ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, en la misiva al mandatario.

Los hallazgos preliminares de la investigación, revelaron, no sólo un patrón de abuso contra los colectivos aglomerados en protestas y marchas, sino también contra las comunidades más pobres de descendencia africana y dominicana.

Uno de los casos más atroces, fue el del joven Jorge Luis Polaco Jiménez, quien presuntamente – un 4 de octubre de 2007 – fue baleado en la espalda siete veces por agentes de la Policía, a pesar de que andaba desarmado. Ni una ambulancia llegó hasta el lugar del suceso, sino que una hora después, una patrulla lo dejó en la entrada de un hospital, que se encontraba a 15 minutos de la zona, según la versión de la madre y los testigos.

"Yo presenté querellas. Dije todo lo que conocía. Fui a la División de Derechos Civiles, a Fiscalía, al Negociado de Investigaciones (NIE) y nada. No se investigó el caso... no se investigó... no se investigó", clamaba Ruth Jiménez De Jesús, madre del fenecido, en una entrevista con Prensa Comunitaria.

Al día de hoy, uno de los agentes labora para la Policía (fue ascendido al Grupo de Los 100) y el otro, a menos de un año del suceso, se exilió fuera del país. Fuentes de Prensa Comunitaria comentan que éste último es hijo de un policía que lleva más de 30 años en la Uniformada.

El caso es relevante ya que forma parte de un patrón de negligencia en protocolo, donde hay ausencia de directrices formales que regulen la acción de la Policía en casos similares. Además, los hallazgos de la investigación hecha por Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU, muestran que en ningún momento el Departamento de la Policía ha hecho pública las estadísticas de querellas hechas por ciudadanos, concernientes a la mala conducta de los agentes.

Incremento en casos de abuso policíaco

Los incidentes de brutalidad policíaca han aumentado tanto en frecuencia, como en intensidad desde el 2008, según ACLU. Por eso, Romero exhortó al Presidente a que utilice su visita a la Isla para enviar un mensaje de cero tolerancia "a la restricción violenta de los derechos constitucionales de los puertorriqueños".

El Director Ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, estableció que el Presidente, quien es abogado experto en derechos civiles y comunitarios, debe brindarle la misma atención que a los conflictos en el Medio Oriente.

"Según ellos [los agentes del Gobierno Estadounidense] pueden brindarle atención a lo que ocurre en Libia y Túnez, pues así deben atender los 4 millones de ciudadanos de los Estados Unidos", que según dijo "tienden a perderse en las noticias y le prestan más atención a los sucesos que ocurren en Medio Oriente".

La investigación se llevó a cabo por un período de cuatro meses realizando entrevistas tanto a víctimas de abuso policíaco, como a agentes gubernamentales, incluido el Superintendente de la Policía, el Secretario de Estado y cuatro senadores y representantes de ambos partidos.