La decisión judicial del Primer Circuito de Apelaciones de Boston en contra del reclamo de los viequenses para que se impusieran sanciones económicas a la Marina de Guerra de los Estados Unidos por los daños ocasionados a la salud del pueblo debe servir de alerta para un resurgir de la lucha en la calle.

San Juan, PR – La administración del Gobernador Luis Fortuño solicitó al Tribunal Supremo (TS) de Puerto Rico la revocación de una orden del Tribunal Apelativo (TA) en la que prohibía la otorgación de permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN).  La resolución del Apelativo fue emitida en diciembre pasado tras una petición hecha por organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición Pro CEN para evitar que se convirta en académica una demanda en la que impugnan el nuevo plan de usos de terrenos aprobado para esta área. 

El nuevo plan para la mal llamada “Gran Reserva del Noreste” permitiría la urbanización de más de 450 cuerdas que habían sido designadas como reserva natural en el 2008.  Numerosas entidades, tales como el Servicio Forestal Federal y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, objetaron el nuevo plan, entre otras razones, por la desprotección de dichos terrenos. 

“Todo parece indicar que el gobierno intenta aprobar los permisos de varios proyectos propuestos en el Corredor, en virtud del nuevo plan de usos de terrenos, antes de que el Apelativo lo declare ilegal, para así dejar en el aire nuestra demanda,” denunció Carmen Guerrero Pérez, planificadora y especialista en turismo sostenible de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), organización afiliada a la Coalición. 

Entre los proyectos residenciales turísticos y comerciales propuestos en el CEN se encuentran el San Miguel Resort, el Dos Mares Resort (ahora, Tinglar Bay Resort & Spa), Seven Seas Resort, Paradise Found Villas y el centro comercial Playa Azul Center. 

Según ha trascendido públicamente, funcionarios en posiciones claves de la presente administración gubernamental sirvieron de consultores para algunos de estos u otros proyectos propuestos en el Corredor y terrenos en la falda de El Yunque.  Entre estos se destacan Jaime López Díaz, a cargo del desarrollo de proyectos estratégicos en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, José Juan Terrasa Soler, Director de la División de Planificación y Desarrollo en la Compañía de Turismo, y el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Daniel Galán Kercadó. 

Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de IDS, señaló por su parte que “la administración Fortuño pretende que el Tribunal Supremo invalide la orden del Apelativo de forma irregular puesto que el gobierno no se opuso formalmente a nuestra solicitud ante este último foro judicial en el tiempo que tenían para hacerlo.  De hecho, tan recientemente como la semana pasada el Secretario del DRNA indicó públicamente que respetarían la decisión del Apelativo, lo que resultó ser falso.” 

Esta nueva controversia sobre el CEN se da en momentos en que la Legislatura evalúa el Proyecto del Senado 2282, dirigido a establecer como política pública la preservación, conservación y restauración de esta área junto a la designación de todos sus terrenos públicos como reserva natural.  La Comisión de Urbanismo e Infraestructura y la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado celebrarán vistas sobre la medida el 24 y 25 de enero, para lo cual han sido citados el Presidente de la JP y el Secretario del DRNA. 

El P. del S. 2282 ha sido endosado por el U.S. Green Building Council-Capítulo de Puerto Rico, el Fideicomiso de Conservación, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Sierra Club-Capítulo de Puerto Rico, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Sistema Universitario Ana G. Méndez, y la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, entre otras organizaciones.

El G-8, grupo de líderes comunitarios del Caño Martín Peña, envió hoy botellas con agua contaminada, y etiquetadas con la información de enterococos y coliformes fecales, al Gobernador, al Comisionado Residente, al Alcalde de San Juan y a legisladores. Esto para mostrar su indignación luego de que los políticos no cumplieran con las promesas de contribuir a restaurar el cuerpo de agua.

La muestra práctica de su descontento la acompañaron los vecinos con una carta, en la que expresan:

"Nosotros/as, los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, expresamos nuestro enojo y desilusión con los políticos/as en quiénes hemos depositado nuestra confianza mediante nuestro voto. Nuestros hijos e hijas se siguen enfermando, nuestras calles se inundan con aguas contaminadas, el olor del Caño se siente cada día más. Pónganse en nuestro lugar. Imaginen tener que mojarse hasta las rodillas con aguas llenas de heces fecales para ir a la escuela o entrar a su casa. Estamos cansados/as de promesas. Por ello, les exigimos acción.

Exigimos que al 1 de marzo de 2012 nos comuniquen a los residentes, a través de nuestro liderato del G-8, el mecanismo de financiación para asegurar que se asignen $100 millones anuales por los próximos seis años para que nuestro dragado se pueda efectuar, a través del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y las instituciones que hemos diseñado, que garantizan nuestra participación democrática en el proceso".

Este contenido se publica como resultado de la alianza entre Prensa Comunitaria y Noticel. 

El Senado llamará a capítulo al Secretario de Transportación y al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que expliquen, según un comunicado de ese cuerpo legislativo, el estado “crítico” de la transportación marítima con Vieques y Culebra.