Prensa Comunitaria

Ni los 1000 asesinatos ocurridos durante el presente año y la decena más que se le ha agregado durante los últimos días, incluido el del inocente ciudadano que volvía a su hogar en Hatillo, o el del comerciante de Barranquitas asesinado hace solo unos minutos, obviamente ambos no relacionados con el mundo del narcotráfico, amén del espeluznante caso de un hijo que quemó viva a su anciana madre, el del padre que cruelmente asesinó a su indefensa y tierna hijita, el de los sobrinos que decapitaron a su indefenso tío para robarle unos céntimos, o el atroz caso de una mujer asesinada con 8 meses de embarazo, junto al ser vivo que traía en su vientre y a sus dos inocentes y aterrados hijos de 8 y 10 años, las múltiples muertes de mujeres a manos de sus compañeros sentimentales, amén del resto de atroces asesinatos a lo largo y ancho de la Isla, han logrado que se escuche nuestra voz llamando que en forma urgente se realice una SOLEMNE Y PERMANENTE CUMBRE SOBRE LA CRIMINALIDAD donde se analicen en forma seria, formal, inteligente y exhaustiva las todas las profundas raíces de la criminalidad en Puerto Rico y se tomen acciones concretas, específicas, educadas y apolíticas para solucionar el problema a corto, mediano y largo plazo.   En la crítica situación actual por la que pasa Puerto Rico, la óptima y SEGURAMENTE LA ÚNICA ALTERNATIVA, es reunir a los más prominentes talentos locales en las áreas de Educación, Ciencias Sociales, Salud Mental, en el área de lo Jurídico, Legal y Procesal, en el área de la Economía y la Planificación, en el área Correccional y de Rehabilitación y desde luego expertos en las áreas de Seguridad Pública y Criminalidad per se así como cualquiera otra que se considere relevante para planificar en forma inteligente y racional, estrategias factibles que a corto, mediano y largo plazo tengan la potencialidad de regresarle la paz al Pueblo Puertorriqueño. Deberá también de reunir a los líderes comunitarios en representación de todos los estratos sociales y no solo el de nuestros grupos más desventajados. Es igualmente imperativo el incluir talentos y experiencias de otros países que de una forma u otra hayan encontrado y desarrollado soluciones a ese problema, tal como es el caso de Portugal, Suiza y otras jurisdicciones en muchos lugares del mundo.

Es, por decir lo menos, incomprensible que se continúe sugiriendo día a día de que la criminalidad es un problema que pude ser solucionado por un superintendente que tenga especial talento y capacidad para dirigir las fuerzas policíacas, unido ello a una mayor colaboración de la ciudadanía, o bien expresando con nostalgia por un pasado mejor, que se trata de un problema relacionado con un notable deterioro de “nuestros valores”.   Es algo mucho más complejo y aún si se identificara a un superintendente con las capacidades de un Albert Einstein, el Estado y todos tenemos que forzosamente entender que ni él, ni ningún otro ser humano sería capaz de solucionar por sí mismo un complejísimo problema con profundas raíces culturales, educacionales, económicas y de salud mental. Nuestros gobernantes y candidatos a serlo, tienen que forzosamente reconocer que no existe ninguna posibilidad de que ellos mismos ni alguno de sus asesores sean poseedores de toda la sabiduría de la Humanidad y que puedan por lo tanto por sí mismos resolver un problema que sin duda alguna requiere la participación de la sabiduría y experiencia de sus más prolíficos hijos, del consejo de sus ancianos, de sus mujeres y hombres de bien en todos los niveles sociales y de la participación de nuestros hermanos que en otras latitudes han sabido resolver los problemas que hoy tan dramáticamente nos aquejan.

No se trata de otra reunión más con apariencia de seriedad y preocupación de uno o dos días y la formación de dos o tres inoperantes “comités”, se trata de una SOLEMNE, PERMANENTE E HISTÓRICA CUMBRE donde se establezcan formalmente los parámetros en todas las áreas mencionadas dirigidos con toda la seriedad y solemnidad que amerita a cambiar los destinos de todo un Pueblo.

Dr. Eduardo Ibarra

Presidente

Fundación Pro Derecho a la Salud