El estadounidense John Francis Queeny se inspiró en una mujer boricua para nombrar, en 1901 en Misuri, a la empresa Monsanto, que inició como una farmacéutica. Queeny bautizó la empresa en honor a su esposa Olga, hija de Emmanuel Mendes de Monsanto, quien a su vez financió los primeros pasos de la corporación. Ésta iba a convertirse en fabricante de agente naranja, el defoliante y herbicida que se probó en las granjas de Aguadilla en los años 50, y que se usó a gran escala para pelar la selva bajo la que se escondía el enemigo de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

Agricultores del sur dejan de cultivar para alquilar sus tierras a productoras de semillas transgénicas. Algunos de los contratos entre ambas partes son ilegales.

Un negocio de legalidad cuestionable está tentando a agricultores en el sur de la Isla. Arriendan sus tierras a compañías que producen semillas modificadas genéticamente, con el fin de suplir a la agricultura de otros países, en lugar de producir comida, necesaria para lidiar con la inseguridad alimentaria que vive Puerto Rico.

O, en su lugar, ellos mismos siembran el maíz, el algodón, la soya o el sorgo que estas corporaciones usan para sus experimentos de ingeniería genética.

“Le siembro a varias, unas 200 o 300 cuerdas, depende del año”, aceptó el propio Ramón González, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, una de las principales  organizaciones que debe proteger, fomentar y desarrollar la agricultura del país. No quiso decir a qué compañías ofrece este servicio.

Se trata de relaciones contractuales cuestionables. El territorio que ocupa la mayoría de las ocho productoras de semillas transgénicas en la Isla sobrepasa el límite de 500 acres (unas 515 cuerdas) que puede poseer una corporación agrícola, según el artículo VI de la Constitución. Una medida creada en el siglo pasado para evitar el monopolio y que los terratenientes extranjeros de la caña desplazaran a la agricultura local.

Rafael Rosado, ex agrónomo de área de Juana Díaz del Departamento de Agricultura, descubrió que esos acuerdos tienen otros visos de aparente ilegalidad.  Durante varias visitas de campo en Juana Díaz, durante 2010, vio a empleados de Monsanto haciendo labores agrícolas en una finca de la Autoridad de Tierras que no arrendaba. La arrendaba un agricultor local.

“Es totalmente notable a la vista y reconocido por los agricultores con terrenos arrendados a la ATPR (Autoridad de Tierras de Puerto Rico) que las empresas semilleras como Monsanto Caribe realizan acuerdos económicos contractuales con agricultores para realizar siembras en sus predios de terreno por periodos de tiempo relativamente cortos”, escribió el agrónomo en una carta dirigida  el 12 de julio de 2010 al Departamento de Agricultura, con el fin de que esta institución iniciara una pesquisa. El reclamo nunca fue atendido.

Subarrendar las tierras públicas de la Autoridad de Tierras representa un incumplimiento con los cánones del contrato de arrendamiento. Además, el Gobierno, que subsidia parte de los salarios de las semilleras, puede estar incentivando a dos empresas (la de agricultor local  y  la de corporación) en una misma finca. Y está incentivando a Monsanto por labores que realizan sus obreros en un terreno en el que siembran sin permiso.

Es difícil dedicarse a la agricultura en Puerto Rico, donde el Gobierno no da prioridad a esta industria y donde los consumidores favorecen los productos extranjeros. Así que los agricultores prefieren alquilar las tierras a las semilleras a unos $650 por cuerda privada cada año.  Buen negocio pero, en fin, una migaja, cuando se compara con los más de $1,000 dólares que las semilleras pagan por ese mismo espacio de tierra en Hawai, otro de los centros importantes de desarrollo de transgénicos del mundo.

Las semilleras, mientras tanto, se aprovechan de las mejores tierras públicas cultivables de Puerto Rico a precios de carne podrida. Pagan, a la Autoridad de Tierras, unos $400 por cada cuerda arrendada al año, el doble de lo que paga un agricultor local por la misma cantidad de terreno.

Sin embargo, Monsanto había recibido un mejor trato cuando inició en 2006 el contrato de arrendamiento de 226 cuerdas a la Autoridad de Tierras en Juana Díaz, según documentos del Contralor. Empezó pagando $225 por cuerda con irrigación, y $62.50 por cuerda sin irrigación. De agosto a diciembre de ese mismo año, pagó $225 por cuerda anuales. De enero de 2007 a septiembre de 2010, $450. La tarifa de 2011, que debía ser renegociada, no aparece en el registro del Contralor.

Se trata de las mejores tierras que tienen los puertorriqueños para el desarrollo de su agricultura, porque son fértiles, llanas y cuentan con infraestructura adecuada para la irrigación. Sin embargo, no es parte de la política pública de Puerto Rico aumentar la producción agrícola, y la sociedad puertorriqueña tampoco da prioridad a los productos locales a la hora de comprar, de modo que el 85% de los alimentos que se consumen son importados. Eso pone a la Isla en una situación grave de inseguridad alimentaria.

A ese contexto se une el hecho de que disminuyen las tierras cultivables. En 1935, la Isla contaba con un 85% de tierras agrícolas, pero ahora sólo tiene un 25%, en gran parte porque el Gobierno ha privilegiado la siembra del cemento,  y los réditos a corto plazo de la industria de la construcción, sin un sistema de planificación que garantice la sustentabilidad. Esa vulnerabilidad alimentaria aumenta cuando se toma en cuenta que la mayoría de los alimentos sólo entra por un lugar, la bahía de San Juan. Los abastos se pueden interrumpir porque tres cuartas partes de los abastos vienen en barco desde el puerto de Jacksonville, Florida, navegando la ruta de los huracanes, que cada vez son más intensos y frecuentes. Mientras tanto, aumenta el precio de los alimentos a nivel global, y se cierne sobre el globo la amenaza de una escasez, mientras aumentan los cambios del clima por causa del calentamiento global.

Así están las cosas mientras, en el sur de la Isla, en las fincas que ocupan las semilleras, los terrenos no se aprovechan a capacidad para producir comida.  Aquí y allá, alejados los unos de los otros, se abren espacios de tierra oscura, en los que levantan pequeños grupos de maíz transgénico de experimentación. Los cultivos están a distancia para evitar que se polinicen y mantener el control del experimento.

No importa la cantidad, sino encontrar la “semilla perfecta”, la que  mantiene las características deseadas a través de varias generaciones, la que demuestra capacidad para resistir plagas, cambios climatológicos extremos o tener más valor nutricional.

Debido al buen clima de la Isla, las semilleras producen hasta tres generaciones al año. De ahí la importancia de Puerto Rico para estas corporaciones y para los agricultores en Estados Unidos, que por causas del invierno solo pueden producir una sola generación anualmente.

En gran parte, la experimentación es posible porque cuentan con las mejores mentes que desarrolla el Recinto Universitario de Mayagüez. Sus estudiantes hacen internados en laboratorios de Monsanto, y muchos terminan trabajando en esta empresa en Puerto Rico.

“Las semilleras se han convertido en la principal fuente de empleos de los agrónomos”, cuenta una fuente del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) cercano al Departamento de Agricultura. “Empiezan como obreros de campo hasta que se abre una plaza. Y si no trabajan aquí los mandan a trabajar en los maizales y en las oficinas de Estados Unidos”. Entre las ocho semilleras contratan a unas 460 personas a tiempo completo, indica Juan Carlos Justiniano, presidente de la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico.

Entonces, las compañías semilleras, una vez consiguen el producto deseado, lo envían a sus filiales en Estados Unidos y otros países, donde se siembra a gran escala para obtener más semillas y poder venderlas a los agricultores que van a sembrarlas. Así, una semilla de maíz  desarrollado en las mejores tierras cultivables de Puerto Rico puede regresar a la Isla tiempo después, en forma de sirope de maíz dentro de una lata de bebida o de comida chatarra.

Este contenido se publica como resultado de la alianza entre Prensa Comunitaria y El Centro de Periodismo Investigativo. 

Cerca de una veintena de organizaciones, grupos comunitarios y residentes en zonas aledañas al proyecto del gasoducto afectados por su construcción notificaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) su intención de demandarlos por serias y crasas violaciones a leyes federales.

Ya son tres años que en Puerto Rico no se recicla vidrio en grandes cantidades. Esto resulta en que gran parte de este material, reciclable por excelencia pues se reutiliza infinitamente y en un 100% para hacer productos nuevos, descansa inútilmente por casi 3,000 años en los escasos vertederos de nuestro país hasta finalmente descomponerse.